¿Qué es la Ley Stark?

La pandemia del Covid-19 tuvo un impacto significativo en el sistema de salud de los Estados Unidos, no solo en términos de atención médica, sino también en el ámbito legal y financiero. Se observó un aumento en los casos de fraude, lo que llevó a una intensa labor de recuperación de fondos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En el año 2020, se logró la recuperación de más de $2.200 millones de dólares. En este artículo, detallaremos los aspectos clave de la 'Physician Self-Referral Law', conocida comúnmente como la Ley Stark, y su relevancia en el contexto actual.

Ley de Autorreferencia Médica o Ley Stark es la agrupación de varias normas o estatutos federales antifraude que prohíben a los médicos realizar autorreferencias, incluyendo la Ley Antisoborno (AKS) y la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA).

La Ley Stark establece restricciones claras sobre las autorreferencias médicas. Bajo esta ley, los médicos con intereses financieros en una entidad como por ejemplo Medicare o  Medicaid no pueden referenciar pacientes hacia ella. 

Lo desafiante de esta ley es delimitar qué se entiende como una "relación financiera" y  delinear los servicios específicos que están sujetos a la ley. Esta normativa busca evitar conflictos de interés y garantizar que las referencias médicas se hagan exclusivamente en beneficio del paciente.

Un ejemplo sencillo de la Ley Stark es, si un profesional de la salud posee una empresa que vende equipo médico y recomienda a sus pacientes adquirir determinado producto en su empresa, bajo esta premisa es probable que esté violando la Ley Stark.

Antecedentes de la Ley Stark

Los antecedentes de la Ley Stark se remontan a finales de la década de los 80, cuando el entonces senador de los Estados Unidos, Peter Stark, propuso por primera vez una ley para regular las autorreferencias médicas. Partes del proyecto de ley original abordaron el fraude de laboratorio de Medicare, que se codificó en la ley 42 U.S.C. 1395nn. (Sección 1877 de la Ley de Seguridad Social).

Posteriormente, el Congreso amplió la Ley Stark en la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1993 para incluir Medicaid y los servicios sanitarios designados distintos de los laboratorios clínicos. Actualmente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han ampliado la Ley Stark mediante la elaboración de normas definitivas y la promulgación de reglas finales.

¿Qué ampara la Ley Stark? 

La prohibición de autorreferencia por parte del médico, solamente se aplica a los siguientes servicios sanitarios designados:

• Servicios y suministros de radioterapia.
• Servicios de salud a domicilio.
• Prótesis y suministros.
• Servicios de hospitalización y ambulatorios.
• Equipos y suministros médicos duraderos.
• Servicios de laboratorio clínico.
• Medicamentos con receta para pacientes ambulatorios.
• Servicios de logopedia.
• Fisioterapia.
• Servicios de radiología y diagnóstico por imagen.
• Terapia ocupacional.

Si el médico obtiene beneficios económicos de la recomendación, se arriesga a infringir la Ley Stark. 

Excepciones a la Ley Stark 

No todas las autorreferencias médicas se consideran violación a la Ley Stark. Por ejemplo, una excepción a las prohibiciones de autorreferencia médica, es cuando los profesionales de la salud encargan trabajos de laboratorio o radiología para su laboratorio interno. Además, la Ley Stark exime las relaciones laborales de buena fe que impliquen la remuneración del médico en determinadas condiciones. Por ejemplo, existe una relación laboral de buena fe cuando la remuneración:

• Es comercialmente razonable.
• No supera el valor justo de mercado.
• Se determina por adelantado.
• No está determinada por el volumen o el valor de las recomendaciones.

De igual manera, es necesario mencionar que, La Ley Stark se aplica únicamente a los programas sanitarios federales, como Medicare o Medicaid. Esta ley no es aplicable a los seguros médicos privados.

¿Cuáles son las consecuencias de violar la Ley Stark? 

Aunque violar la Ley Stark no trae consigo sanciones penales o se considere un delito penal, los médicos que incurran en prácticas de recomendación médica para su propio beneficio podrían enfrentarse a las siguientes consecuencias:

• Denegación del pago de servicios.
• Reembolso de pagos.
• Multas de $15.000 USD por cada reclamación presentada, más el doble del reembolso solicitado.
• Multa pecuniaria civil de $100.000 USD por cada acuerdo que se considere un plan de elusión.
• Exclusión de los programas Medicare y Medicaid.

Los proveedores sanitarios o profesionales de la salud que infringen la Ley Stark, ponen en peligro la atención al paciente. Si cree que su médico o proveedor de servicios de salud ha infringido la Ley Stark, hable con un abogado especializado en fraude al sistema de salud. En Guía Legal, usted cuenta con un directorio de expertos en derecho penal que pueden ofrecerle un asesoramiento jurídico sólido en su propio idioma. 

Preguntas relacionadas con la Ley Stark

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