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Enseñar a los niños es una de las funciones más significativas y encomiables de la sociedad. De tal manera, consta un área fuerte de derecho dedicada a la educación. La ley de educación es especialmente fascinante puesto que busca firmemente encontrar identidades: la equidad entre asegurar que cada niño perciba una educación estándar, mientras defiende el derecho de los padres a decidir qué debe aprender su hijo; la proporción entre mantener la seguridad de los estudiantes y respetar los derechos constitucionales individuales; el equilibrio entre acomodar a estudiantes con discapacidades e intranquilidades estrictas del presupuesto; y el equilibrio entre proporcionar a los docentes seguridad laboral y autonomía intelectual, al mismo tiempo que se confirma que puedan educar a sus estudiantes de manera competente.

Elección y educación obligatoria

La ley de educación es administrada de forma autónoma por los estados. Cada estado pretende que todos sus hijos sean educados. Para la mayoría de los estudiantes, esto representa que los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos en edades escolares a una escuela pública, privada o parroquial (religiosa) acreditada. La escuela a la que concurre un niño generalmente depende de los medios financieros de sus padres y de la ubicación de su residencia principal. No obstante, visto que muchas escuelas no cuentan con recursos suficientes o tienen un bajo rendimiento, muchos padres ambicionan encontrar escuelas alternativas como magnet o escuelas charter. Ciertos padres deciden mantener a sus hijos en casa y asumir el compromiso de enseñarles ellos mismos.

Seguridad de los estudiantes y derechos de los estudiantes

La primordial intranquilidad de los padres siempre será la seguridad de sus hijos, a pesar de que, los padres rutinariamente ponen la seguridad de sus hijos en las manos de las instituciones educativas durante gran parte del día. Las escuelas asumen este compromiso muy seriamente y proclaman códigos de conducta creados para mantener a los estudiantes seguros y enfocados en el trabajo escolar. Estos códigos de conducta con frecuencia, contienen prohibiciones de drogas y armas en la propiedad escolar. Algunos tipos de lenguaje adulto, como la obscenidad, la disertación de odio y el lenguaje sexualizado, es considerado perjudicial para el funcionamiento de la escuela y están muy definidos. Frecuentemente la tecnología se adentra en la vida diaria de los estudiantes y esta a su vez traza una vinculación cada vez mayor, los centros educativos igualmente están tomando medidas estrictas contra el uso de la tecnología. Asimismo, las escuelas están tomando un rol más activo en la defensa de los estudiantes contra el acoso escolar en todas sus formas.

Si bien, una escuela solo puede resguardar a los estudiantes de manera que no quebranten sus derechos constitucionales. Los estudiantes aún tienen derechos limitados de expresión y privacidad que las escuelas deben respetar. Igualmente, las escuelas no pueden expulsar automáticamente a los alumnos por mal comportamiento; en cambio, deben proporcionar al estudiante un aviso y una entrevista antes de revocar los privilegios de educación.

De acuerdo con la ley federal, todo niño en edad escolar tiene derecho a una "educación pública apropiada y gratuita". En otras palabras, las escuelas deben hacer arreglos razonables para los estudiantes con discapacidades. Los estudiantes, padres, maestros, psicólogos y médicos deben ayudar y establecer la mejor manera de educar a cada niño con necesidades especiales para que puedan estar apropiadamente preparados para la vida después de la escuela.

Ley de Educación para Maestros

El estatuto tiene medidas diseñadas para resguardar los derechos de los docentes como empleados, igualmente como las libertades académicas de los docentes. Uno de los importantes vehículos para proteger los derechos de los pedagógicos son los sindicatos de docentes, que instituyen normas sobre cuánto tiempo puede trabajar un docente y cuales obligaciones pueden asumir.

Si sus derechos como estudiante o como docente son vulnerados, es recomendable la asesoría de un abogado especializado, para que lo asista y defienda su causa.

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