La decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada el 9 de julio de 1868, tras la Guerra Civil, y junto a las enmiendas 13 y 15 conforma las conocidas enmiendas de reconstrucción. Incluye varias cláusulas, como la del debido proceso, la protección igualitaria y la ciudadanía nacional.
Para conocer de qué trata esta enmienda, a continuación se reproduce:
- Sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.
- Sección 2. Se deberán designar representantes dentro de los diferentes estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el número total de personas de cada estado, excluyendo a los indios que no paguen impuestos. Pero cuando el derecho a votar en cualquier elección para los electores de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, representantes del Congreso, oficiales del poder ejecutivo o judicial de un estado, o cualquier miembro del poder legislativo de éste, sea denegado a cualesquiera habitantes masculinos de ese estado, teniendo veintiún años de edad, y ciudadanos de los Estados Unidos, o de cualquier forma limitado, excepto por participar en una rebelión, y otro crimen, la base de representación de tal estado se reducirá proporcionalmente al número de tales ciudadanos que tienen en el total de ciudadanos masculinos de veintiún años en tal sentido.
- Sección 3. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, y ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, como oficial de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad.
- Sección 4. La validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por ley, incluyendo deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas para suprimir insurrecciones o rebeliones, no deberá ser cuestionada. Pero ni los Estados Unidos ni ningún estado podrá asumir deudas u obligaciones producidas por ayudas a la insurrección o rebelión en contra de los Estados Unidos, o cualquier reclamo por el costo de la pérdida o emancipación de esclavos; sino que tales deudas, obligaciones y reclamaciones serán tenidas por ilegales y nulas.
- Sección 5. El Congreso tendrá el poder hacer cumplir, mediante una legislación apropiada, las provisiones de este artículo.
- Ciudadanía por nacimiento
La primera sección de la decimocuarta enmienda establece el principio de ciudadanía por nacimiento. Queda decretado que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadano de ese país.
En esta parte del texto se garantizan todos los derechos y privilegios de la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, independientemente de la raza, la etnicidad o el origen de sus padres.
La enmienda 14 fue ratificada para rectificar la resolución judicial Dred Scott Vs. Sandford, de 1857, en la que la Corte sentenció que ningún individuo de ascendencia africana, incluyendo a los esclavos y personas libres, jamás podría llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos.
De igual modo, se les garantiza a todos los estadounidenses los derechos contemplados en el texto constitucional y prohíbe a los estados violar las leyes que los limitan; al tiempo que establece que no se puede “privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal”.
¿Qué es el debido proceso?
Es un principio general del derecho, que establece que el Estado está obligado a respetar todos los derechos que la ley le reconoce a una persona. El debido proceso avala que los individuos tengan garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea equitativo y justo.
Elecciones
La segunda sección hace referencia al proceso que se emplea para distribuir equitativamente los escaños en la Cámara de Representantes entre los estados que conforman el país. Esta debe basarse en toda la población, incluidos los esclavos afroamericanos liberados. En la sección también se garantiza el derecho a voto a todos los ciudadanos varones a partir de los 21 años en adelante, sin que las mujeres sean tomadas en cuenta, tal como ocurriría años más tarde.
Insurrecciones o rebeliones
Entre tanto, la sección tercera prohíbe que cualquier persona que participa o ha participado en insurrecciones o rebeliones contra el país ocupe cualquier cargo federal elegido o designado.
Esta cláusula se redactó tomando en cuenta a los exmilitares y políticos confederados de la Guerra Civil estadounidense o guerra de secesión, para impedir su llegada a cargos federales.
Deuda pública
La cuarta sección se refiere a la deuda federal mediante la confirmación de que ni los Estados Unidos ni ningún estado podrían verse obligados a pagar por los esclavos o deudas pérdidas que habían sido incurridos por la Confederación como resultado de su participación en la Guerra Civil, ocurrida entre 1861 y 1865.
Cláusula de ejecución
La sección cinco otorga al Congreso el poder de pasar “legislación adecuada” cuando sea necesario para hacer cumplir todas las otras cláusulas y disposiciones de la enmienda. Para ello se da la facultad de levantar las leyes que sean necesarias.
Controversias actuales
Entre las dudas surgidas de esta enmienda destaca si se garantiza la ciudadanía para los niños nacidos en los Estados Unidos cuyos padres no son ciudadanos del país.
La respuesta es sí. Pese a que algunas personas han sugerido que la frase “y sujetos a su jurisdicción” está abierta a la interpretación, la Corte Suprema declaró hace más de un siglo que la frase significa simplemente que los niños nacidos de padres diplomáticos extranjeros o ejércitos enemigos no son automáticamente ciudadanos de los Estados Unidos.
En 2018, el presidente Donald Trump comentó que su gabinete estaba considerando “seriamente” dar por terminado el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Sin embargo, expertos constitucionales advirtieron en aquella oportunidad que la medida sería demandada en primera instancia y previsiblemente se detendría por violar la Constitución.
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