Estados que indemniza a los condenados injustamente

Existen casos donde la mala aplicación de las leyes puede tener como consecuencia que una persona sea injustamente condenada. A pesar de la probada inocencia que pueda lograrse mucho tiempo después de la sentencia ejecutada, la dificultad de reingresar a la sociedad es bastante complicada para las personas que han estado injustamente encarceladas.

Como consecuencia de lo anterior, muchos condenados pueden sufrir problemas de salud graves, posibilidades de empleo muy limitadas, falta de acceso a programas de capacitación y desafíos para asegurar y mantener una vivienda estable, entre otros obstáculos para recuperar una apariencia de vida normal después de vivir una experiencia considerada por muchos como bastante dura y traumática.

El hecho de no indemnizar a los exonerados supone un insulto al daño causado. Lo ideal sería que el estado tenga el compromiso de proporcionar de inmediato asistencia a los condenados injustamente. Que el estado reconozca públicamente el daño causado al individuo condenado injustamente ayuda a contribuir con el proceso de sanación de la persona, y a su vez demuestra al público su compromiso de reconocer sus errores. De los 50 estados de la Unión 33 tienen reglamentada la indemnización, 17 no la reconocen, a saber: Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur y Wyoming.

Las deficiencias en la legislación existente

Las deficiencias actuales en el sistema incluyen:

• La negación a promover el acceso legal a la indemnización por condena injusta. 
• Prohibir la indemnización a aquellos que han "contribuido" a sus condenas injustas. En otras palabras, una persona que confesó falsamente o se declaró culpable de un delito que no cometió podría tener prohibido recibir una compensación. 

​Estos aspectos de la legislación actual impiden que muchos exonerados reciban indemnización.

Lo que deben hacer todos los estados para garantizar una indemnización justa

A pesar de estas deficiencias existen ciertas recomendaciones que los estados pueden acatar para garantizar la integridad del sistema de justicia penal.

• Los estados que no tienen ley de indemnización deben aprobarlos.
• Los estados que cuentan con ley de compensación deben volver a ser examinadas para garantizar que la compensación sea igualmente alcanzable y adecuada para los condenados injustamente.
• Los estatutos deben incluir la provisión inmediata de fondos de subsistencia y acceso a servicios críticos para un retorno exitoso a la sociedad, incluyendo vivienda, alimentación, asesoramiento psicológico, atención médica y dental, capacitación laboral, educación y otra asistencia relevante necesaria para fomentar la reconstrucción exitosa de la vida de los injustamente condenados.
• Los estatutos deben incluir una suma fija o un rango de recuperación por cada año que pase en prisión. Hasta el momento el monto de la indemnización se discute con cierta frecuencia, hay proyectos de ley que van desde los $25,000 hasta los $50,000 dólares por año.