"El estatuto de este condado que penaliza el aborto... nunca ha sido prohibido. Se ha mantenido impracticable como resultado de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Roe v. Wade y su progenie". Esto es cierto: a pesar de décadas de precedentes de la Corte Suprema que permiten el derecho constitucional de que las mujeres tengan un aborto (incluso si se redujo el alcance de esa ley), Alabama nunca suprimió su exclusión original del aborto de los libros. Y el estado no aclaró con respecto a sus designios cuándo se trata de criminalizar el aborto: el año pasado, el Undécimo Circuito dejó sin efecto y a regañadientes la prohibitiva ley de procedimientos de aborto en Alabama.
El estado de Yellowhammer está en ello nuevamente y lo está tomando con seriedad. Esa oración anterior es la primera en un nuevo proyecto de ley que aspiran a impedir el aborto por completo, independientemente del antecedente de la Corte Suprema. Seguro que se escuchará mucho sobre esta ley en los próximos días, semanas y meses.
>Viejo precedente Vs. Nueva prohibición del aborto en Alabama
"En relación con el aborto; cometer delitos de aborto e intento de aborto, exceptuando los casos en que el aborto sea necesario para evitar un riesgo grave para la salud de la madre o del niño por nacer; para autenticar que una mujer a quien le apliquen un aborto no sea culpable penalmente o civilmente responsable de recibir el aborto”. Entretanto, los médicos penalizados por realizar abortos podrían enfrentar hasta 99 años de prisión.
La ley de Alabama no suprime excepciones por violación o incesto, y eso fue por determinación de los legisladores, que previsiblemente aparecerá en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito antes de llegar a la Corte Suprema.
Y aunque el Undécimo Circuito no parecía contento con oponerse a la última ley en lo relativo con el aborto en Alabama, el Tribunal Superior no ha estado de acuerdo con sus dictámenes últimamente, invalidando el 85 por ciento de las sentencias del Undécimo Circuito que revisó de 2010 a 2015, la segunda tasa más alta del país a la reversión de su dictámenes y sentencias anteriores.
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